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    Se cumple un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos humanos, en momentos cruciales para América Latina y en particular, Colombia.

    Los levantamientos populares de los últimos meses en Ecuador, Chile, Perú, Haití, Argentina, Brasil Honduras y hasta Francia, adquieren un carácter insurreccional por sus dimensiones y la amplitud de sus reclamos. Los detonantes tienen características propias, pero podemos identificar raíces comunes, en las que se mezclan las políticas de austeridad impuestas por el FMI, una odiosa desigualdad, el dominio del capital financiero, la creciente violencia institucional y la concentración y abuso del poder en grupos reducidos de familias.

    Esta situación ya había sido prevista en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita en Paris el 10 de diciembre de 1948, que en uno de sus apartes advierte: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”

    En ese entonces Colombia asistió, suscribió la Declaración Universal y se comprometió a integrar su contenido a la Constitución, pero ocurre que el régimen acababa de asesinar al líder liberal Jorge Eliecer Gaitán y la violencia política era el signo dominante del momento. 43 años después, muy tardíamente, el bloque de derechos contemplados en la Declaración Universal, fue incorporado a la Constitución de 1991 pero entonces la fusión del Estado Colombiano con las mafias de la droga dejó una oleada de asesinatos, masacres y desplazamiento forzado en el país, dejándola casi en condición de inutilidad.

    Este Estado que suscribió la declaración universal de los derechos humanos, encabeza hoy una nueva oleada de asesinatos a sus propios líderes sociales, que en los últimos tres años ha tomado más de 700 vidas , muertes totalmente impunes, ante un sistema judicial impávido; Este Estado lanza sin contemplaciones la fuerza pública contra la protesta social que expone su protesta contra el desgobierno y la arbitrariedad en Colombia.

    Precisamente la Comisión de Derechos Humanos y Paz de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo –USO- surgió como consecuencia de la oleada de desplazamientos, detenciones, torturas y asesinatos que vinieron sufriendo los trabajadores petroleros

    principalmente desde 1988. En 1991 se crea la Comisión de Derechos Humanos y Paz y, desde entonces, ha debido enfrentar las vulneraciones a los derechos humanos durante los sucesivos gobiernos y administraciones de Ecopetrol.

    Colombia vive hoy una gigantesca convulsión política y social. El gobierno se encuentra de espalda al país. La UNION SINDICAL OBRERA -USO-, al mismo tiempo que saludamos este nuevo aniversario de las Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmamos nuestra exigencia al gobierno para que se realice la implementación cabal de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC y se retomen sin dilaciones las conversaciones entre el gobierno y el ELN.

    En la USO construimos el informe sobre violencia antisindical para la Comisión de la Verdad, exigimos la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de la violencia; el desmantelamiento del fenómeno paramilitar que fue una creación del Estado para el despojo de tierras y la entrada de la inversión de capitales multinacionales que expropian nuestros bienes naturales y producen devastación de aguas y bosques. Ratificamos nuestro pronunciamiento del año anterior; “La paz se lograra cuando el Estado realice el conjunto de los derechos de la población para lograr su dignidad”.

    Diciembre 10 de 2019

    UNION SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO -USO-

    Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz

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