Desde hace décadas en Colombia se practica el terrorismo de Estado. No existe prácticamente ninguna institución del Estado cuyos funcionarios o “servidores públicos” no se hayan involucrado en violación sistemática de derechos humanos y crímenes de Lesa Humanidad. A la cabeza se encuentran las fuerzas militares, la policía nacional y los organismos de investigación, justicia, seguridad e inteligencia. También, apoyando esa condenable práctica aparecen personalidades públicas, políticos, ex presidentes, empresarios, ganaderos, hacendados, que amparados en sus fortunas y el poder local, regional o nacional que ostentan, han coadyuvado en la infame tarea del despojo no solo de tierra y bienes sino de vidas enteras de familias humildes, trabajadores, campesinos, mujeres, estudiantes, afrodescendientes, indígenas, y comunidades que defienden su territorio.

La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), ha sido una de las organizaciones sindicales con mayor afectación por la práctica del terrorismo de Estado. Sus más de 120 víctimas que han perdido la vida en crímenes donde la participación de agentes estatales y en varias oportunidades empresas como Ecopetrol, la BP, entre otras están confesadas por los propios sicarios, nos dan la autoridad suficiente para denunciar esta flagelo sistemático, y demandar ante el recrudecimiento de asesinatos de líderes y escándalos de corrupción en las fuerzas militares la acción inmediata de la justicia nacional e internacional, y la intervención de los organismos de control y defensores de derechos humanos.

El 2019 terminó lleno de escándalos sobre crímenes de Estado. El 9 de diciembre de 2019 tras la confesión de un soldado ante la Jurisdicción Especial para la Paz -  JEP, fue descubierto en el cementerio de Dabeiba, al occidente de Antioquia, una fosa común con más de 50 cadáveres como consecuencia de la abominable practica mal llamada de los falsos positivos, civiles indefensos cruelmente asesinados por el ejército y hechos pasar como guerrilleros muertos en combate. Estos crímenes se llevaron a cabo según la revista semana entre 2006 y 2007, bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Existen hoy en la JEP, más de dos mil militares que se sometieron a esta modalidad de justicia y están confesando crímenes de esta naturaleza, que demuestran que no son manzanas podridas sino una política del Estado colombiano.

Por otro lado, el 18 de diciembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia ordenó y practicó el allanamiento de una base militar en Faca, Cundinamarca, lo que se ha convertido en uno de los peores escándalos que involucran a las fuerzas militares y al partido de ultra derecha de gobierno, el Centro Democrático quien sería el beneficiario directo de los abusos de las “chuzadas” ilegales a magistrados, periodistas y líderes políticos de oposición, con el uso de sofisticados aparatos tecnológicos de espionaje. Vale decir que la eficiencia de la inteligencia militar y el uso de la tecnología no han servido para encontrar y capturar a los responsables de los asesinatos de casi mil líderes sociales en los últimos tres años.

La tragedia es que el genocidio no para. En tan solo 20 días, han sido asesinadas 4 lideresas y 17 líderes sociales, y 3 excombatientes, firmantes del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC.

De contera, investigadores del grupo “Estado, conflictos y paz” de la universidad Javeriana nos sacuden con una lista de cientos de personas y empresas muy reconocidas y poderosas entre las que sobresalen Ecopetrol, Postobón, Argos, Chiquita Brands, Banadex, Fedegan, entre muchos otras, que han sido mencionadas en las sentencias de justicia y paz (Acuerdo con los paramilitares en 2005) como presuntos colaboradores de grupos paramilitares, responsables de asesinar lideres sindicales, sociales, ambientalistas, etcétera.

Se hace fundamental que los empresarios decentes que aún quedan en el país, los partidos y políticos que aún conservan la ética del bien común y del humanismo, y la sociedad que observa como el cinismo del gobierno y sus instituciones se toman la bandera de construir un nuevo relato basado en antivalores mafiosos, criminales, corruptos y egoístas, reaccionemos para detener esta barbarie y alcemos el grito en las instancias que correspondan, pero especialmente en las calles que hoy son el espacio más democrático que nos ofrece la coyuntura para protestar y transformar a Colombia.

 

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ DE LA UNIÓN SINDICAL OBRERA –USO

 

 

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