Desde hace décadas en Colombia se practica el terrorismo de Estado. No existe prácticamente ninguna institución del Estado cuyos funcionarios o “servidores públicos” no se hayan involucrado en violación sistemática de derechos humanos y crímenes de Lesa Humanidad. A la cabeza se encuentran las fuerzas militares, la policía nacional y los organismos de investigación, justicia, seguridad e inteligencia. También, apoyando esa condenable práctica aparecen personalidades públicas, políticos, ex presidentes, empresarios, ganaderos, hacendados, que amparados en sus fortunas y el poder local, regional o nacional que ostentan, han coadyuvado en la infame tarea del despojo no solo de tierra y bienes sino de vidas enteras de familias humildes, trabajadores, campesinos, mujeres, estudiantes, afrodescendientes, indígenas, y comunidades que defienden su territorio.

La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), ha sido una de las organizaciones sindicales con mayor afectación por la práctica del terrorismo de Estado. Sus más de 120 víctimas que han perdido la vida en crímenes donde la participación de agentes estatales y en varias oportunidades empresas como Ecopetrol, la BP, entre otras están confesadas por los propios sicarios, nos dan la autoridad suficiente para denunciar esta flagelo sistemático, y demandar ante el recrudecimiento de asesinatos de líderes y escándalos de corrupción en las fuerzas militares la acción inmediata de la justicia nacional e internacional, y la intervención de los organismos de control y defensores de derechos humanos.

El 2019 terminó lleno de escándalos sobre crímenes de Estado. El 9 de diciembre de 2019 tras la confesión de un soldado ante la Jurisdicción Especial para la Paz -  JEP, fue descubierto en el cementerio de Dabeiba, al occidente de Antioquia, una fosa común con más de 50 cadáveres como consecuencia de la abominable practica mal llamada de los falsos positivos, civiles indefensos cruelmente asesinados por el ejército y hechos pasar como guerrilleros muertos en combate. Estos crímenes se llevaron a cabo según la revista semana entre 2006 y 2007, bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Existen hoy en la JEP, más de dos mil militares que se sometieron a esta modalidad de justicia y están confesando crímenes de esta naturaleza, que demuestran que no son manzanas podridas sino una política del Estado colombiano.

Por otro lado, el 18 de diciembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia ordenó y practicó el allanamiento de una base militar en Faca, Cundinamarca, lo que se ha convertido en uno de los peores escándalos que involucran a las fuerzas militares y al partido de ultra derecha de gobierno, el Centro Democrático quien sería el beneficiario directo de los abusos de las “chuzadas” ilegales a magistrados, periodistas y líderes políticos de oposición, con el uso de sofisticados aparatos tecnológicos de espionaje. Vale decir que la eficiencia de la inteligencia militar y el uso de la tecnología no han servido para encontrar y capturar a los responsables de los asesinatos de casi mil líderes sociales en los últimos tres años.

La tragedia es que el genocidio no para. En tan solo 20 días, han sido asesinadas 4 lideresas y 17 líderes sociales, y 3 excombatientes, firmantes del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC.

De contera, investigadores del grupo “Estado, conflictos y paz” de la universidad Javeriana nos sacuden con una lista de cientos de personas y empresas muy reconocidas y poderosas entre las que sobresalen Ecopetrol, Postobón, Argos, Chiquita Brands, Banadex, Fedegan, entre muchos otras, que han sido mencionadas en las sentencias de justicia y paz (Acuerdo con los paramilitares en 2005) como presuntos colaboradores de grupos paramilitares, responsables de asesinar lideres sindicales, sociales, ambientalistas, etcétera.

Se hace fundamental que los empresarios decentes que aún quedan en el país, los partidos y políticos que aún conservan la ética del bien común y del humanismo, y la sociedad que observa como el cinismo del gobierno y sus instituciones se toman la bandera de construir un nuevo relato basado en antivalores mafiosos, criminales, corruptos y egoístas, reaccionemos para detener esta barbarie y alcemos el grito en las instancias que correspondan, pero especialmente en las calles que hoy son el espacio más democrático que nos ofrece la coyuntura para protestar y transformar a Colombia.

 

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ DE LA UNIÓN SINDICAL OBRERA –USO

 

 

El sindicato de los trabajadores petroleros USO Subdirectiva Meta denuncia que Ecopetrol ha generado un veto a un líder de los trabajadores violándole su derecho al trabajo.

Debemos recordar que el año pasado un funcionario de Ecopetrol agredió a nuestro presidente de la USO Meta, Rafael Rincón en el ingreso a estación Apiay en Villavicencio y no pasó nada, y hoy un compañero activista es víctima de una persecución por parte de seguridad física y personal de Ecopetrol negándole el derecho al trabajo en retaliación por su liderazgo en jornadas de protesta.

Willinton Santos reconocido líder de los trabajadores y las comunidades en el municipio de Castilla La Nueva (Meta) afirma que se le ha negado su ingreso tanto el año pasado cuando estaba terminando su contrato con la empresa contratista UT Mantenimiento en Castilla La Nueva y ahora que ha iniciado labores con la empresa contratista A y R en la estación San Fernando otra vez se le ha impedido su ingreso a las instalaciones por parte del personal de seguridad y de la compañía, violando así su derecho al trabajo en un claro y descarado veto que busca afectarlo para que no pueda cumplir sus labores como empleado contratista.

Desde la USO Meta no vamos a permitir este tipo de acciones contra nuestros dirigentes y activistas en el Meta y por ello este martes se efectuó una jornada de protesta en la Estación San Fernando en Castilla, exigiéndole a la administración de Ecopetrol que no vulnere derechos y que cesen las estrategias de persecución.

Seguiremos en movilización y protesta hasta tanto la estatal petrolera no reverse la decisión del veto y alertamos a todos los trabajadores a estar atentos frente a estos atropellos y a que todos unidos defendamos a nuestros líderes y compañeros.

La Subdirectiva Meta de la Unión Sindical Obrera (USO) se solidariza y envía su abrazo de condolencias a los familiares y amigos, ante el fallecimiento de Franklin Mójica compañero trabajador de la empresa contratista de Ecopetrol, Confipetrol en el municipio de Acacias Meta-Colombia.

Franklin luchó por su vida ante este inhumano y mercantilista sistema de salud que tenemos en Colombia con la Ley 100, que no nos ve como personas, si no como clientes, y trata el derecho a la salud como una mercancía que está al alcance de quién puede pagarla o de tan solo unos pocos privilegiados.

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Las exequias serán este miércoles 15 de enero de 2020 a las 3:00 pm en Bogotá, cementerio los Olivos 1.5 km vía a Siberia.

Se nos comenta de parte de la familia que se piensan realizar misas después en Villavicencio y Yopal.

RESOLUCIÓN DE PROHIBICIÓN DEL FRACKING. La Asamblea Nacional de Delegados de la UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO como máxima autoridad del sindicato, reunida en la XIX Asamblea Ordinaria en la Ciudad de Bucaramanga y,

CONSIDERANDO:

Que en un contexto de crisis socio ecológica de alcance civilizatorio es un grave error seguir considerando la naturaleza como algo exterior, pasible de ser dominada y explotada, es decir, entendida esta como canasta de recursos infinitos o como “capital natural”.

Que es una realidad innegable que la sociedad planetaria ha iniciado un debate estructural alrededor de las transformaciones socioecológicas y la democracia energética, lo cual nos obliga a tomar una posición política e institucional que trascienda la ética del trabajo y proyecte la transición energética.

Que reconocemos y nos acogemos al enfoque ecocéntrico donde la tierra no pertenece al hombre y, por el contrario, asumimos que el hombre pertenece a la tierra, como cualquier otra especie, lo cual nos obliga al cuidado de la casa común.

Que el gobierno Colombiano ha manifestado su intención de profundizar la matriz fósil, con la búsqueda de reservas adicionales de petróleo y gas en las rocas madres o formadoras a través de la implementación de la técnica experimental del fracking en yacimientos no convencionales de hidrocarburos, agotando los escasos recursos económicos en ello, colocando en riesgo las fuentes de agua, los suelos, el aire, el territorio, los ecosistemas y el territorio.

Que el mundo ha dado inicio a importantes dinámicas de transformaciones energéticas hacia las denominadas energías renovables, alternativas y limpias; siendo Colombia considerada la Arabia saudita de las energías renovables, pero con el grave riesgo de concentración y centralización de las mismas en manos del capitalismo neoliberal extractivo.

Que la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo USO, como uno de los actores que hace parte de las coaliciones formadoras de la política petrolera en Colombia en la Coalición obrero-popular, viene discutiendo desde años atrás los retos y desafíos del siglo XXI en materia de cambio climático, calentamiento global, soberanía energética, desarrollo económico y social; y transición energética con enfoque social y comunitario.

Que la Junta Directiva Nacional después de debatir ampliamente el tema del fracking durante mucho tiempo mantuvo la posición de moratoria y aprobó que la postura definitiva la debía asumir la Asamblea Nacional de Delegados como máxima autoridad del Sindicato, en aplicación de la democracia representativa, de la mayor participación de las regiones y Subdirectivas.

RESUELVE

PRIMERO: Aprobar la Prohibición del Fracking en Colombia, y por tanto rechazar toda iniciativa que conduzca a su impulso o materialización en nuestro País.

SEGUNDO: Exigir del Estado Colombiano y gobierno de turno, suspender toda iniciativa de realización de Fracking, dando impulso al Proyecto de Ley para la Prohibición del Fracking y promoviendo una Ley para la Transición Energética social y comunitaria.

TERCERO: Exigir a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol S.A. Asumir un papel de liderazgo, donde toda su estructura y política refleje la necesidad de una transición energética.

CUARTO: Ordenar a todas nuestras bases y a las estructuras sindicales y/o quienes las representan apartarse de espacios o procesos donde se promueva la idea o iniciativas de realización de Fracking.

QUINTO: Ordenar a toda nuestra base y dirección sindical, vincularse activamente con los procesos de defensa del territorio y de rechazo a la implementación del Fracking, dando especial énfasis a la realización e impulso de consultas populares y acuerdos municipales.

SEXTO: Orientar a la Junta Directiva Nacional y las Subdirectivas de la USO, vincularse a la Mesa social Mineroenergética y ambiental por la paz y designar representantes permanentes para vincularse a las dinámicas organizativas y de movilización alrededor de coaliciones políticas, sociales, ambientales y populares donde se esté trabajando por la prohibición del Fracking y la promoción de las transformaciones socioecológicas, la democracia energética y la transición energética.

SEPTIMO: Orientar a la Junta Directiva Nacional de la USO y Subdirectivas implementar mecanismos de interlocución con la academia y los entes administrativos, para el desarrollo de iniciativas de posicionamiento de la necesidad de prohibición del Fracking y el impulso de la transición energética.

OCTAVO: Ordenar a la Junta Directiva Nacional de la USO y Subdirectivas, implementar mecanismos de interacción y participación con las bases y comunidades, para el desarrollo de campañas pedagógicas con cronograma y hoja de ruta, donde se afirme la necesidad de prohibición del Fracking y el impulso de la transición energética.

Comuníquese y cúmplase,

Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo en Colombia.

 

Se cumple un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos humanos, en momentos cruciales para América Latina y en particular, Colombia.

Los levantamientos populares de los últimos meses en Ecuador, Chile, Perú, Haití, Argentina, Brasil Honduras y hasta Francia, adquieren un carácter insurreccional por sus dimensiones y la amplitud de sus reclamos. Los detonantes tienen características propias, pero podemos identificar raíces comunes, en las que se mezclan las políticas de austeridad impuestas por el FMI, una odiosa desigualdad, el dominio del capital financiero, la creciente violencia institucional y la concentración y abuso del poder en grupos reducidos de familias.

Esta situación ya había sido prevista en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita en Paris el 10 de diciembre de 1948, que en uno de sus apartes advierte: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”

En ese entonces Colombia asistió, suscribió la Declaración Universal y se comprometió a integrar su contenido a la Constitución, pero ocurre que el régimen acababa de asesinar al líder liberal Jorge Eliecer Gaitán y la violencia política era el signo dominante del momento. 43 años después, muy tardíamente, el bloque de derechos contemplados en la Declaración Universal, fue incorporado a la Constitución de 1991 pero entonces la fusión del Estado Colombiano con las mafias de la droga dejó una oleada de asesinatos, masacres y desplazamiento forzado en el país, dejándola casi en condición de inutilidad.

Este Estado que suscribió la declaración universal de los derechos humanos, encabeza hoy una nueva oleada de asesinatos a sus propios líderes sociales, que en los últimos tres años ha tomado más de 700 vidas , muertes totalmente impunes, ante un sistema judicial impávido; Este Estado lanza sin contemplaciones la fuerza pública contra la protesta social que expone su protesta contra el desgobierno y la arbitrariedad en Colombia.

Precisamente la Comisión de Derechos Humanos y Paz de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo –USO- surgió como consecuencia de la oleada de desplazamientos, detenciones, torturas y asesinatos que vinieron sufriendo los trabajadores petroleros

principalmente desde 1988. En 1991 se crea la Comisión de Derechos Humanos y Paz y, desde entonces, ha debido enfrentar las vulneraciones a los derechos humanos durante los sucesivos gobiernos y administraciones de Ecopetrol.

Colombia vive hoy una gigantesca convulsión política y social. El gobierno se encuentra de espalda al país. La UNION SINDICAL OBRERA -USO-, al mismo tiempo que saludamos este nuevo aniversario de las Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmamos nuestra exigencia al gobierno para que se realice la implementación cabal de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC y se retomen sin dilaciones las conversaciones entre el gobierno y el ELN.

En la USO construimos el informe sobre violencia antisindical para la Comisión de la Verdad, exigimos la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de la violencia; el desmantelamiento del fenómeno paramilitar que fue una creación del Estado para el despojo de tierras y la entrada de la inversión de capitales multinacionales que expropian nuestros bienes naturales y producen devastación de aguas y bosques. Ratificamos nuestro pronunciamiento del año anterior; “La paz se lograra cuando el Estado realice el conjunto de los derechos de la población para lograr su dignidad”.

Diciembre 10 de 2019

UNION SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO -USO-

Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz